En vísperas de la aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular del Anteproyecto de Ley de Tierra, hoy en proceso de elaboración, muchos se preguntarán si las transformaciones que requiere la agricultura también impactan al ámbito legislativo. Y es cierto que ha sido un sector con un amplio quehacer normativo y con deudas ante la mesa de cada cubana y cubano, pero sin lugar a dudas el reordenamiento del uso y posesión de la tierra en Cuba es una cuestión pendiente que si impacta a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación.
La Constitución de la República de Cuba reconoce las formas de propiedad sobre la tierra, la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia y el debido proceso y procedimiento, todo en función del desarrollo sostenible para la prosperidad individual y colectiva, cuestiones que muestran la necesidad de una ley especial que desarrolle estos preceptos constitucionales en materia de gobernanza responsable de la tierra.
Asimismo, Cuba es signataria de convenios internacionales en los cuales los temas de posesión, uso y acceso a la tierra y bienes agropecuarios, son esenciales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en lo que atañe a las mujeres rurales, que abogan por promover y proteger el derecho a la tierra con igualdad y equidad, cuestiones que requieren un desarrollo en la legislación agraria vigente.
En el escenario patrio, como antecedente fundamental citar las Leyes de Reforma Agraria, la primera de ellas de 17 de mayo de 1959 y la segunda de 3 de octubre de 1963 que constituyeron el primer cambio radical de la estructura agraria, la redistribución de las riquezas y de la supeditación de la propiedad sobre la tierra en pos del interés social, con principios y presupuestos que constituyen premisas para las transformaciones en materia de uso y posesión de la tierra en Cuba.
En la actualidad para la adecuada implementación de la Ley 148 «Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional», del 14 de mayo de 2022, es indispensable modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal compuesto de varias normas jurídicas de larga data, disposiciones que requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes para la trasmisión de la tierra y su régimen de uso y posesión.
Teniendo en cuenta lo anterior y las medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria, desde octubre de 2022 fue constituido por el Ministro de la Agricultura Grupo Temporal de Trabajo para la elaboración de la propuesta de política de uso y posesión de la tierra y su instrumentación jurídica el Anteproyecto de Ley de Tierra. El trabajo de este grupo ha sido acompañado por los proyectos de colaboración internacional “Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba” (POSAS) y ¨Resiliencia climática en los ecosistemas agrícolas de Cuba¨ (IRES), cuya agencia implementadora es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Participan representantes de organismos de la Administración Central del Estado, del sistema empresarial de la agricultura, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios.
Este Anteproyecto de Ley contribuirá al ordenamiento del campo en cuanto al uso y posesión de la tierra, con impactos directos en el control y las garantías jurídicas a los campesinos. Favorece la gobernanza responsable de la tierra para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. En los próximos meses se publicará para el profundo proceso de consulta y validación con todos los productores y cooperativas del país, para su presentación a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
